DELITO ECONOMICO

Desde el jueves pasado, los trabajadores del predio Santa Teresa de nuestra comuna, ubicado en el sector Los Molles se encuentran en movilización, obstaculizando los trabajos normales y necesarios de la actividad agrícola. Ellos son víctimas de una forma de delito que no se computa en las estadísticas delictivas en nuestro país. Esto es el robo permanente de las cotizaciones de los trabajadores. En éste caso se trata de un daño provisional que supera los 1.500 millones de pesos ( 3 millones de dólares ), cantidad usurpada durante años por los dueños de la empresa que no depositaban las cotizaciones en las cuentas de las distintas AFP . Este delito está teniendo dramáticas consecuencias en la vida de los afectados, pues no tienen los ahorros que les permitirá aspirar al legítimo derechos a una jubilación digna y segura y pueden acceder a las atenciones de salud que requieren sólo después de ser declarados “indigentes”
Llama la atención que durante años las distintas AFP no hayan tomados las medidas que la ley les mandata en estos casos, es decir, obligar a través de los tribunales correspondientes el pago de ese dinero, que pertenece a la empresa, sino a los trabajadores, y cuando reaccionaron por presión de los afectados, los tribunales no han sido sigilosos en el exigir el cumplimiento de la ley. Hasta las autoridades del trabajo fueron remolones y no tomaron en serio la situación. El resultado es que la empresa ha hecho loo que ha querido; vendiendo predios, traspasando bienes y creando entidades de papel. Todo para burlar a los obreros agrícolas y a las entidades previsionales.
Lo más lamentable es que ésta realidad no sólo la sufren en el Fundo Santa Teresa, sino que también miles de hombres y mujeres que ven cómo mensualmente se les descuenta sus cotizaciones y éstas son embolsadas ilegalmente por empresarios inescrupulosos que lucran y se enriquecen. Esta situación se hace más dramática en el grupo de los-as trabajadores-as temporeras, pues son escasos los “contratistas” que no caen en las tentaciones de ésta acumulación indebida.
Ojalá todas los sectores políticos del país se comprometan en el parlamento con ocasión de las discusiones sobre la reforma provisional, en apoyar todas las medidas que hoy sean necesitan para impedir la existencias de éstas conductas usurpadoras.
Ojalá , también, las EFP asignen a sus mejores abogados para obligar la reposición de tan importantes dineros para los trabajadores.

MARIO SOTTOLICHIO URQUIZA
CONCEJAL DE SAN FELIPE